El Juez Garzón se ha empeñado en convertir España en una república bananera, donde los jueces como él se saltan la ley o la reinterpretan conforme a oscuros intereses, con técnicas de ingeniería jurídica de dudosa legalidad.
En el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 30 de septiembre de 2008, Izquierda Unida presentó una de esas mociones trampa con las que pretende atrapar en sus redes al Partido Popular. IU pretendía la aprobación de un texto en que el Ayuntamiento se ofreciese al Juez para enviarle documentación sobre desaparecidos en la guerra Civil o la dictadura, que se aprobó con el apoyo de PSOE-PAR, CHA e IU.
Me tocó defender la postura del PP en la moción -que votamos en contra-, por varias razones que expusimos y que esta misma semana han sido refrendadas por Javier Zaragoza, fiscal de la Audiencia Nacional, quien ha definido la iniciativa de Garzón como un “disparate jurídico de singular andamiaje” propio de una “inquisición general”, que “incumple las normas más elementales del Derecho Penal”.
IU nos acusó de defender una postura legalista. Lo que hace a uno preguntarse si la Ley debe cumplirse únicamente cuando a uno interesa, y según las circunstancias.
Dicha postura legalista fue la siguiente:
El PP va a votar en contra. Porque resucita fantasmas de la peor historia de España, porque hasta las asociaciones de jueces y la Fiscalía se han pronunciado en contra de la medida de Garzón, y porque, aunque parezca increíble, la acción es de una legalidad más que cuestionable.
Usted habla únicamente de un bando, y esto resucita rencores y división entre españoles, pues hasta el juez Garzón ha rectificado este aspecto, reclamando datos sobre condenas y purgas ordenadas por tribunales republicanos.
Además, la justicia actúa de oficio. Es Garzón quién se ha dirigido, entre otras instituciones, a 4 ayuntamientos y más de 20.000 parroquias. Más aún, la acción es un paso previo a decidir si la Audiencia Nacional es competente para investigar las denuncias. Esto es, el mismo juez no sabe todavía ni siquiera si es competente, así que empapelarlo sería hasta contraproducente, pues retrasaría o entorpecería su acción. Ya se dirigirá a este Ayuntamiento si quiere, no se impaciente.
Garzón todavía no sabe si es competente. Desde el punto de vista jurídico, esto es un sinsentido, y dado el asunto de que se trata, se convierte en una provocación. Está en contra nada menos que de las actuaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerarlas prescritas por la Ley de Amnistía del 77. Esta norma se aprobó con 296 votos a favor y sólo 2 en contra, y sirvió para superar el dolor y el rencor de la guerra civil y encarar la Transición desde la concordia y el consenso [Hasta Carrillo evitó males mayores gracias a esta ley tildada por IU como “de punto final”].
Incluso la misma Fiscalía destacó que los hechos señalados serían delitos comunes, con lo que se escapan de su competencia. ¿Sabe que ha contestado Garzón a esto? Nada. Por otro lado, los delitos han prescrito, el delito de genocidio se incorporó al Derecho español después de los hechos denunciados, y habría que determinar los sujetos a quienes se pueden exigir responsabilidades. ¿O pretenden los que alientan a Garzón que los jueces, completamente desbordados de trabajo, juzguen en el año 2008 a Francisco Franco?
Sí que se han pronunciado las asociaciones de jueces. Jueces para la Democracia considera que esta iniciativa no tiene futuro desde el punto de vista jurídico y recomienda que en todo caso se resuelva en “el ámbito político”. La Asociación Profesional de la Magistratura ha recordado que una investigación penal tiene que estar enmarcada en unas coordenadas de concreción y desarrollarse sobre la base de unos hechos que presenten apariencia delictiva. Esto significa que lo de Garzón no sirve para absolutamente nada. A Francisco de Vitoria le causa sorpresa que se abra la vía penal para identificar personas o fosas, cuando esto “se podría dilucidar perfectamente en vía administrativa”.
No es ningún secreto que el prestigio de la Justicia está en entredicho, y con esta moción, lo único que consigue usted es dar cobertura al juez estrella, que como lo definió una persona que lo conoce bien, y que se sienta en este pleno [Belloch], “si existiese el cargo de Presidente del Mundo, Garzón se lo pediría”.
Si se dedicase a sus obligaciones reales no habría excarcelado esta semana a 2 narcotraficantes por expirar el plazo mientras daba lecciones magistrales en Colombia. Tiene el juzgado colapsado, y ahora saca tiempo para una causa en la que no es ni competente. El mismo que pretendía juzgar a Pinochet, el mismo que no admitió a trámite la petición de justicia de los familiares de miles de asesinados en Paracuellos, el mismo que tiene asuntos sin resolver en su juzgado desde hace más de 5 años.
Como le decía votamos en contra por los motivos antedichos, con lo que nadie en esta sala podrá acusar al PP de no estar con las víctimas, sean del bando que sean, porque el PP se ha posicionado siempre del lado del máximo respeto a las víctimas.
En 2002 apoyamos un acuerdo de la Comisión Constitucional, en el que se urgía el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra y del franquismo, si bien, evitando que el apoyo institucional sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil. También apoyó entonces el PP una política de reconocimiento y de protección económica y social de los exiliados de la Guerra Civil, así como de los niños de la guerra.
Porque una cosa es honrar la memoria y otra presentar iniciativas que remueven el pasado resucitando culpas y rencores, reabriendo heridas, enfrentando a la sociedad. Ya lo pensamos en su día con la Ley de Memoria Histórica, y hoy esta iniciativa recupera la peor historia de España. Evitar que se vuelva a repetir pasa por mirar al futuro.
El pasado 15 de septiembre Expoagua, sociedad gestora de