Hasta ahora, sólo 2 voces habían manifestado realmente la necesidad de realizar reformas estructurales importantes en el sistema económico y en el mercado de trabajo español. Lo hizo el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el 11 de febrero en Zaragoza, y lo ha hecho igualmente el Partido Popular, por boca de su actual Presidente Mariano Rajoy, y también por el expresidente del gobierno José María Aznar.

El Gobernador hizo un análisis riguroso y sincero de la situación estructural de España, discrepando abiertamente de los discursos oficiales del gobierno. Según MAFO, España ha crecido en los últimos años, aunque nuestras deficiencias en educación, formación laboral y políticas laborales, entre otras, nos tienen sumidos en una débil situación de competitividad.

Antes de la aparición del euro, lo salvamos devaluando; después, a base de endeudamiento exagerado de empresas y particulares, que proporcionaba un impulso especial a la demanda agregada. Crecimos, con insuficiente competitividad.

El gobernador señaló que había que revisar el sistema de contingencias (indemnizaciones de despido y paro), alertando sobre los males del proteccionismo laboral, pues las indemnizaciones impiden mejorar la productividad, la movilidad y la creación de empleo. Según el gobernador, la desconfianza es total, se generan círculos viciosos: Los consumidores no consumen, los empresarios no contratan, los inversores no invierten, y los bancos no prestan.

En definitiva, no pidió que se abaratase el despido, sino que se comenzasen a estudiar las reformas que otros países europeos ya han acometido en el tratamiento de la protección al trabajador desempleado.

Otros gobiernos socialdemócratas, como Austria y Dinamarca, han reformado y mejorado sus mecanismos de protección laboral y hoy gozan de tasas de paro en torno al 4%, que ya quisiéramos para nosotros.

Todas estas declaraciones fueron contestadas por Rodríguez Zapatero con su habitual demagogia barata, reprochando a Fernández Ordóñez su pretensión de “adelgazar el estado del bienestar” y proponer una “reformar laboral neoconservadora”.

El Partido Popular, a través de Cristóbal Montoro, explicó que la propuesta del PP consiste en una reforma laboral con un nuevo tipo de contrato, respaldado por los agentes sociales, y con bonificaciones sociales y fiscales.

Nadie puede negar que el exceso de protección y la rigidez de nuestro mercado laboral genera una barrera de entrada que dificulta el acceso al mercado laboral, especialmente en momentos de crisis. La paradoja es que una reforma que igualase la indemnización por despido, aunque diese mayor sensación de desprotección, provocaría la situación inversa: muchos falsos temporales pasarían a ser fijos, y a mayor estabilidad, mayor confianza y mayor consumo.