El PP Aragón propone un cambio radical en las políticas económicas y sociales con las 73 propuestas de resolución que defenderá mañana  22 de septiembre en la última jornada del debate del estado de la Comunidad Autónoma.

El Partido Popular plantea también la reprobación de Marcelino Iglesias por su apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica sin el beneplácito de la mayoría de los partidos políticos aragoneses y exige una compensación económica para la Comunidad Autónoma. Rechaza también el acuerdo sobre la deuda de las mermas tributarias.

Una parte muy significativa de las propuestas constituye un plan de medidas económicas urgentes. Entre ellas, destacan la bajada de impuestos, la rebaja del tramo autonómico del IRPF, la supresión de la tributación por sucesiones y donaciones, el incremento de la inversión pública instrumentado nuevas fórmulas de colaboración con la privada, un programa de austeridad en el sector público, control y reducción del gasto improductivo y un plan de creación y fomento del empleo y de su calidad en Aragón que favorezca los proyectos empresariales de autoempleo y constitución de microempresas.

Asimismo, se solicita que el Gobierno duplique en el próximo proyecto de Presupuestos de Aragón, respecto al actual, las partidas destinadas a las políticas activas de empleo y las pymes.

En cuanto al proceso de venta de Opel a Magna, el Partido Popular exige al Gobierno de Aragón coraje, empuje, valor, iniciativa, firmeza y liderazgo en la defensa de los intereses de los aragoneses y reclama al Gobierno de la Nación la aprobación de un plan especial de choque para la consolidación y mejora de la competitividad y el desarrollo del sector del automóvil en Aragón.

Entre las propuestas, figuran también un plan de apoyo a las pymes, la modificación del Plan de la Minería y el Carbón, un cambio de gestión en la política de la nieve, un plan de modernización del pequeño comercio.

En el debate el PP reclamará, además, que se haga efectivo en 1 mes el pago de las ayudas que fija la Ley de Dependencia a aquellas personas que tienen derecho a las mismas y que todavía no las perciben y que la DGA elabore un plan para reducir las listas de espera sanitarias.