Esa vergonzosa negociación de la financiación autonómica de la que hablaba en el anterior post, tiene como consecuencias que regiones como Aragón salen enormemente perjudicadas por un modelo absolutamente insolidario y pensado para la compra de favores políticos, con el objeto principal de sostener a un gobierno débil y en minoría.

Hasta el Justicia de Aragón, defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a los abusos de la Administración, institución centenaria e independiente, ha emitido un informe propinando un duro revés al Gobierno de Aragón, y sobre todo, al PSOE por su engendro del nuevo modelo de financiación autonómica, a pesar de lo encantados que están con él, según han manifestado.

En un extenso informe, Fernando García Vicente considera que Aragón recibe menos en proporción que otras Comunidades, que pierde peso y que no se cumple el Estatuto.

Aboga por “un sistema de convenio más amplio que el actual” que se apruebe en la comisión mixta con el Estado y si no, por que se impulse un cambio del sistema de financiación, junto a otras Comunidades, que respete (atención): los principios de igualdad, solidaridad, lealtad institucional y las peculiaridades de cada territorio. Es decir, que el modelo no los respeta. Un sistema que “fije unos criterios mínimos de reparto que no dependan el número de votantes, conflictividad, afinidad política…, en definitiva, de factores coyunturales o de política menor”. Ahí es nada.

También cree que debería haber un margen político y evitar “un federalismo asimétrico”, en referencia al concierto vasco y navarro. Toma ya!

Se puede decir más alto, pero no más claro: el sistema es una telaraña perfectamente tejida por maliciosas mentes socialistas, pues como advierte el Justicia, las autonomías “se encuentran seriamente condicionadas” a la hora de aceptar el nuevo sistema: rechazarlo supone renunciar a percibir los nuevos fondos y regirse por el modelo anterior.

Es un dato objetivo que Aragón, si se cumplen las previsiones recaudatorias, va a recibir más recursos que con el acuerdo anterior, pero menos proporcionalmente de lo que van a aumentar otras Comunidades Autonómicas”, avisa.

El Justicia analiza uno por uno los criterios que se ponderan (población, superficie y dispersión) y concluye que en todos recibiremos aún menos que en 2001. Además, destaca que tampoco se valora el esfuerzo fiscal y los importantes desequilibrios territoriales de la Comunidad, que también recoge el Estatuto.