En septiembre de 2009 el PP presentamos en el Ayuntamiento de Zaragoza una moción para debatir el proyecto de Ley de Lenguas de Aragón elaborado por el PSOE sin contar con el concurso de su socio de gobierno, el Partido Aragonés (PAR).

Para conocer la posición del PP adjunto extracto del acta de ese pleno con la defensa de la moción que hice. Fue muy criticada por los otros grupos, y en este blog o en la web No a la imposición del catalán podéis opinar sobre este asunto.

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El Partido Popular está preocupado por las consecuencias que tendrá la proposición de ley de lenguas que ha presentado el Partido Socialista. Y está preocupado por cuatro motivos principales:

en primer lugar, porque no hay consenso político;

en segundo lugar, porque no hay unanimidad en la doctrina lingüística sobre el texto presentado;

en tercer lugar, porque establece de facto una cooficialidad con el catalán, de facto, sin ninguna demanda social.

Y, por último, porque genera problemas que, hoy por hoy, no existen.

Nos preocupa porque no hay consenso político, un asunto clave para la identidad cultural aragonesa, una norma tan sensible y no se cuenta con la opinión del partido mayoritario de la oposición que,  además, representa a un alto número de aragoneses. Y en este contexto es paradójico que esta ley la haya presentado el Partido Socialista de manera unilateral y, por vez primera en los 10 años de coalición, sin que el Partido Socialista y el Partido Aragonés vayan de la mano al presentar esta ley; lo que es un síntoma singular, más aún cuando forma parte de los compromisos que los 2 partidos adquieren cara a formar gobierno.

Decía que en segundo lugar nos preocupa porque la doctrina lingüística no es unánime y no se ha definido de manera concreta sobre los aspectos que recoge la ley. Con la facilidad que suelen tener para tener informes siempre dispuestos que apoyen sus tesis políticas, y en este caso ni siquiera contamos con el clásico informe ad hoc.

Nos preocupa en tercer lugar porque decía que lo que deben protegerse son las modalidades del aragonés en sus diversas formas. No creemos en una cooficialidad de facto del catalán ni de un aragonés fabricado bajo el pretexto de la normalización lingüística.

Y, en último lugar, nos preocupa porque de manera gratuita se está creando problemas donde hoy no los hay. Algún malintencionado podría pensar que se busca el despiste de la opinión pública aragonesa, que se busca confundir en un momento en que la situación económica y la situación social de Aragón está para otro tipo de debates, no para este tipo de debates, al menos planteados en estos términos, que requieren, sin duda, de un mayor sosiego, de un mayor consenso y de mayores apoyos; lo que se conoce como una cortina de humo, vamos.

Y este tema ha cobrado gran relevancia porque tenemos al Partido Socialista, más papista que el papa, y sin que haya la más mínima reivindicación social, está trasladando el conflicto del catalán a tierras aragonesas. Como ejemplo, esta ley dice que los ciudadanos podrán dirigirse a las Administraciones aragonesas en las 3 lenguas en las zonas en que éstas se utilicen, incluso se podrá usar el catalán y el aragonés para dirigirse al Justicia de Aragón o a las Cortes aragonesas, con obligación de estas instituciones de contestarles en el mismo idioma. Ya contarán cuánto va a costar todo esto en traductores, en traducciones, en servicios extra. Y repito, sin que haya la más mínima reivindicación social al respecto.

Para nosotros, es un texto innecesariamente polémico, cuando lo que se necesita ahora es precisamente todo lo contrario, un esfuerzo de diálogo de todas las fuerzas políticas para desarrollar el mandato estatutario respetando la convivencia del castellano con las lenguas o modalidades lingüísticas allí donde se hablan y sin generar problemas donde no los hay.

En definitiva, vemos más un empeño del presidente del PSOE aragonés y de su entorno más cercano, conocidos por su filocatalanismo, no hay mas que ver su durísima pugna con las autoridades catalanas en la negociación de la vuelta de los bienes de la franja o el reciente chantaje de la financiación autonómica; vemos más eso que una ley que responda a las necesidades lingüísticas, culturales y patrimoniales de Aragón.