A continuación, algunos extractos del documento aprobado por la última Interparlamentaria del Partido Popular celebrada hace unos pocos días, con objeto de establecer el criterio del PP ante la próxima reforma de la Justicia Penal.
[…] En la sociedad española se está instalando una sensación generalizada de impunidad, en la que parece que las leyes penales no se respetan ni aplican debidamente, y la Administración de la Justicia penal es lenta, ineficaz y poco rigurosa con los culpables de graves delitos.
El sistema de penas de nuestro Código se percibe como confuso, ineficaz en su cumplimiento, e insuficiente en el castigo de los delitos más graves (terrorismo, asesinato, agresiones sexuales, etc.), lo cual perjudica, además, su carácter disuasorio.
En 13 años el Código Penal ha necesitado 25 reformas, que han afectado a cientos de artículos y causado el desconcierto de los aplicadores del Derecho y la inestabilidad de la jurisprudencia.
La primera causa del fracaso es la propia complejidad de un sistema que se articula en torno a 31 tipos de penas diferentes, frente a las 2 que son habituales en los Códigos más modernos como el alemán o el austriaco.
A ello hay que sumar el fracaso de penas introducido experimentalmente como el arresto de fin de semana, que llevó a su supresión por el Partido Popular en 2003. Tampoco ha logrado convertirse en una pena eficaz los trabajos en beneficio de la comunidad, puesto que se calcula en torno a 70.000 las condenas que esperan a ser ejecutadas.
En el último informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia (Fundación Wolters Kluwer) señala que el 73% de los ciudadanos considera insuficiente la condena de 15 a 20 años para el delito de asesinato; el 70% consideran insuficiente la pena de 20 a 30 años para el terrorismo; y el 68% considera insuficiente la pena de 6 a 12 años por agresión sexual con acceso.
La implantación de la cadena perpetua en España tiene un apoyo abrumador: Un 82% de ciudadanos la apoyarían; el 51%, siempre que fuera revisable, y hasta el 31%, sin más condiciones.
[…] Está claro que algo está fallando: las penas consignadas en el Código penal para estos delitos no consiguen disuadir a los infractores.
[…] El Ministerio Fiscal, siempre en dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado, lo que ha llevado en no pocas ocasiones a la sensación de la utilización política de la Fiscalía para la aplicación de una “doble vara de medir”. Si a ello se añade, en fin, la dependencia de la Policía Judicial del Ministerio del Interior, y el nombramiento de los mandos responsables en virtud de la confianza política del ministro, el panorama resultante puede llegar a ser estremecedor.
PROPUESTAS DEL PP
Por ello, la Interparlamentaria del Partido Popular quiere plantear, ante la opinión pública, al Gobierno y a las restantes fuerzas políticas, las siguientes bases para la reforma de la justicia penal:
1. Reforma integral del sistema de penas del Código Penal, reduciendo su número y clarificando su tipología, garantizando su cumplimiento real,
2. Para los delitos más graves –terrorismo, asesinato y agresiones sexuales- el establecimiento de penas privativas de libertad ejemplares, garantizando su cumplimiento íntegro.
3. Adecuada contemplación de la multireincidencia y la reiteración como agravantes en el Código Penal e incorporación como tipos penales específicos de las nuevas formas de delincuencia organizada contra la propiedad.
4. Incorporación clara de medidas de seguridad para los delincuentes en los que se diagnostiquen patologías sexuales, y para aquellos en los que no se haya verificado el arrepentimiento y la reinserción.
5. Garantías del resarcimiento y reparación de las víctimas, agilizando los procedimientos de exigencias de responsabilidades civiles.
6. Nueva redacción que clarifique y posibilite la expulsión como sustitución de las penas privativas de libertad para extranjeros.
7. Reforma de la Ley General Penitenciaria y su reglamento para garantizar los tres ámbitos de finalidad de la pena y el cumplimiento efectivo de las privativas de libertad.
8. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal con la finalidad de agilizar la instrucción, limitar el secreto de los sumarios, clarificar, garantizar la situación procesal de los justiciables, e introducir con carácter generalizado la celebración de juicios rápidos.
9. Reestructuración de la policía judicial, de manera que sus mandos y dependencia estén bajo control judicial.
10. Reestructuración de las diligencias preinstructoras del Ministerio Fiscal, y limitándolas al plazo de un mes prorrogable por otro improrrogable, en todo tipo de delitos.