Genial artículo del Profesor Rogelio Alonso analizando y argumentando por qué y cómo España debe deshacerse de los terroristas.
La lucha contra el terrorismo se libra a veces con una mano atada a la espalda para evitar que loables fines se persigan con medios ilegales. Sin embargo, las democracias no deben renunciar a aplicar todos los recursos posibles dentro de la legalidad al enfrentarse a amenazas que explotan los límites que el marco legal impone. Esta premisa sirve para oponer argumentos jurídicos y políticos a la interpretación de los magistrados partidarios de la legalización de Sortu a pesar de que esta formación no ha roto con ETA, como demuestra la reciente sentencia del Supremo.
Sorprende el rechazo a una «ilegalización preventiva» que los magistrados discrepantes consideran injustificada. En contra de esa opinión, el fallo del Supremo se fundamenta en la sentencia de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ratificó la ilegalización de Batasuna porque «no puede exigirse del Estado que espere para intervenir a que un partido político se apropie del poder y comience a poner en práctica un proyecto político incompatible con las normas del Convenio y de la democracia, adoptando medidas concretas dirigidas a realizar tal proyecto». Como recuerda el Supremo, el TEDH entiende que «un Estado debe poder razonablemente impedir la realización de un proyecto político, incompatible con las normas del Convenio, antes de que sea puesto en práctica mediante actos concretos que conlleven un riesgo de comprometer la paz civil y el régimen democrático en el país».
[…] Como señaló el TEDH sobre Batasuna, «teniendo en cuenta la situación existente en España tras numerosos años de atentados terroristas, especialmente en una región políticamente sensible como es el País Vasco, estos vínculos pueden ser considerados objetivamente como una amenaza para la democracia». Este vínculo entre el brazo político y el militar de ETA no solo persiste sino que además, al mantenerse a lo largo de un prolongado periodo de tiempo, ha sentado unos precedentes de los que el análisis jurídico no debe hacer abstracción.
Estas circunstancias y el innegable vínculo entre ETA y Sortu son los que invitan a plantear si la disolución de ETA no debe ser la condición necesaria para legalizar otro proyecto heredero de Batasuna. Ese contexto de décadas de violencia durante las que ETA ha articulado una estrategia político-militar concertada, y a la que no renuncia, es el que obliga a la democracia a defenderse de las argucias con las que intenta encubrir la connivencia entre políticos y militares. Podría argumentarse por ello que la existencia de ETA contamina necesariamente a Batasuna imposibilitando su vuelta a la legalidad mientras aquella mantenga su presencia coaccionadora.
[…] Cuando la simbiosis entre el brazo político y el militar del movimiento terrorista ha quedado probada, a pesar de ciertas discrepancias sobre algunas consideraciones tácticas coyunturales, es lógico reclamar que la vuelta a las instituciones que tanto ansían los representantes políticos de la banda tenga un precio al que la democracia no debe renunciar: la desaparición de ETA.