La izquierda siempre ha levantado pecho afirmando que eran ellos quienes habían introducido y mejorado las políticas sociales en nuestro país. Al Partido Popular y a quienes lo formamos nos acusan de querer acabar con la sanidad y con la educación pública siendo que ha sido el gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y, no nos olvidemos, también por Alfredo Pérez Rubalcaba, quienes más han recortado las partidas destinadas a estos fines.

El Partido Popular se compromete a mantener la calidad de los servicios públicos que conforman nuestro Estado de Bienestar. Para ello, en caso de ganar las elecciones el próximo día 20 de noviembre, aplicará una política social que tendrá seis objetivos principales:

-         Ofrecer una educación de calidad que dé las mismas oportunidades a todos, independientemente de en qué comunidad autónoma vivan o de qué recursos financieros disponga.

-        Situar a las familias en el centro de las políticas sociales, aplicando leyes que protejan la maternidad, que den facilidades a las familias numerosas y que hagan de la conciliación familiar/laboral una realidad al alcance de cualquier padre o madre.

-         Aplicar un modelo sanitario eficiente y sostenible centrado en el paciente. Promoveremos la libre elección de médico y la colaboración entre comunidades autónomas para actualizar nuestra sanidad.

-         Garantizar el bienestar de nuestros mayores promoviendo iniciativas que aseguren una jubilación y una vejez digna.

-         Hacer efectiva la igualdad de derechos y oportunidades para que hombres y mujeres puedan desarrollar en las mismas condiciones su proyecto vital.

-         Integrar  de forma plena en la sociedad a las personas con discapacidad garantizando su acceso a todas las etapas del sistema formativo e impulsando itinerarios personalizados de inserción laboral desde los servicios públicos de empleo.

Pero sobre todo,  nos comprometemos a acabar con el desempleo, el cual es sin duda el mayor problema de éste país: ¿Cómo? Creando las condiciones necesarias para recuperar la confianza de los inversores y los emprendedores dando todo el apoyo que sea necesario a través de bonificaciones fiscales, ayudas en la contratación o mejorando el acceso al crédito a las PYMES, motor indiscutible del empleo en España.

1. Encontrar o mantener el empleo

2. Que no nos suban otra vez los impuestos

3. Que no nos vuelvan a recortar las pensiones y los sueldos

4. Cambiar el despilfarro de las políticas socialistas por la austeridad

5. Un futuro para el millón de jóvenes sin empleo

6. La reforma de la educación para vencer el fracaso escolar

7. Que no nos quiten las ayudas a la maternidad y la conciliación

8. Apoyar a las PYMEs y autónomos para que no tengan que cerrar sus negocios

9. Que nuestros jóvenes no tengan que irse al extranjero para tener oportunidades

10. La transparencia en la gestión del dinero de todos los españoles

via Ignacio Camacho | Estas son las mentiras que cuenta el PSOE mientras el desempleo alcanza máximos vergonzantes.

1. No hay en realidad 5 millones de parados. Es cierto que existe una amplia red de trabajo sumergido pero también lo es que los prejubilados de mayor edad no se inscriben como despedidos y que el Gobierno maquilla los números del INEM sacando de ellos a quienes perciben cursos de formación. El dato de la EPA revela un 20% de españoles buscando empleo, casi 1.500.000 de hogares con todos sus miembros en situación pasiva y 2 millones de jóvenes fuera del mercado laboral. Una catástrofe social de proporciones descomunales.

2. El paro no es responsabilidad del Gobierno, sino de una crisis global originada por la quiebra de las burbujas financiera e inmobiliaria. El Gobierno es responsable en primer lugar de haber provocado un déficit que bloquea la recuperación. Lo es también por la falta de respuestas y estímulos para dinamizar la actividad económica. Lo es por haber pasado tres años sin aceptar la necesidad de medidas de reforma estructural. Y lo es de forma objetiva en tanto la destrucción de empleo comenzó en España un año antes de la caída de Lehman Brothers.

3. Hemos tocado techo.No necesariamente. Puede haber un ligero alivio durante el verano por los contratos estacionales del turismo, pero el crecimiento económico está estancado, la inversión paralizada y las previsiones son pesimistas. El FMI calcula que España crecerá por debajo del 2 % como mínimo hasta 2017, y hay vaticinios más sombríos; con un ritmo similar al de los mejores años del aznarismo, no volveríamos a las cifras de 2007 antes de 2021. En 2009, el Gobierno aseguró que jamás llegaríamos a los cuatro millones de parados.

4. Ya no se pueden hacer más reformas ni recortes. Es la peor de las falsedades porque aboca al conformismo político. Están pendientes reformas estructurales neurálgicas en la energía o la educación. Falta por culminar la reestructuración del sistema financiero. La reforma laboral reciente ha sido un fracaso y necesita revisión. Y la Administracion pública, sobre todo la autonómica, requiere una poda tajante, límites drásticos a su déficit y una agilización de sus pagos que dé oxígeno a las pequeñas empresas de proveedores.

5. El cambio de Gobierno no servirá de nada.Un argumento tramposo para aferrarse al poder. Un nuevo Gobierno supondría un revulsivo y, en el peor de los casos, una nueva legitimidad política para plantear reformas. Agotado y fracasado este proyecto, al menos merecería la pena probar una alternativa…

Genial artículo del Profesor Rogelio Alonso analizando y argumentando por qué y cómo España debe deshacerse de los terroristas.

La lucha contra el terrorismo se libra a veces con una mano atada a la espalda para evitar que loables fines se persigan con medios ilegales. Sin embargo, las democracias no deben renunciar a aplicar todos los recursos posibles dentro de la legalidad al enfrentarse a amenazas que explotan los límites que el marco legal impone. Esta premisa sirve para oponer argumentos jurídicos y políticos a la interpretación de los magistrados partidarios de la legalización de Sortu a pesar de que esta formación no ha roto con ETA, como demuestra la reciente sentencia del Supremo.

Sorprende el rechazo a una «ilegalización preventiva» que los magistrados discrepantes consideran injustificada. En contra de esa opinión, el fallo del Supremo se fundamenta en la sentencia de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ratificó la ilegalización de Batasuna porque «no puede exigirse del Estado que espere para intervenir a que un partido político se apropie del poder y comience a poner en práctica un proyecto político incompatible con las normas del Convenio y de la democracia, adoptando medidas concretas dirigidas a realizar tal proyecto». Como recuerda el Supremo, el TEDH entiende que «un Estado debe poder razonablemente impedir la realización de un proyecto político, incompatible con las normas del Convenio, antes de que sea puesto en práctica mediante actos concretos que conlleven un riesgo de comprometer la paz civil y el régimen democrático en el país».

[…] Como señaló el TEDH sobre Batasuna, «teniendo en cuenta la situación existente en España tras numerosos años de atentados terroristas, especialmente en una región políticamente sensible como es el País Vasco, estos vínculos pueden ser considerados objetivamente como una amenaza para la democracia». Este vínculo entre el brazo político y el militar de ETA no solo persiste sino que además, al mantenerse a lo largo de un prolongado periodo de tiempo, ha sentado unos precedentes de los que el análisis jurídico no debe hacer abstracción.

Estas circunstancias y el innegable vínculo entre ETA y Sortu son los que invitan a plantear si la disolución de ETA no debe ser la condición necesaria para legalizar otro proyecto heredero de Batasuna. Ese contexto de décadas de violencia durante las que ETA ha articulado una estrategia político-militar concertada, y a la que no renuncia, es el que obliga a la democracia a defenderse de las argucias con las que intenta encubrir la connivencia entre políticos y militares. Podría argumentarse por ello que la existencia de ETA contamina necesariamente a Batasuna imposibilitando su vuelta a la legalidad mientras aquella mantenga su presencia coaccionadora.

[…] Cuando la simbiosis entre el brazo político y el militar del movimiento terrorista ha quedado probada, a pesar de ciertas discrepancias sobre algunas consideraciones tácticas coyunturales, es lógico reclamar que la vuelta a las instituciones que tanto ansían los representantes políticos de la banda tenga un precio al que la democracia no debe renunciar: la desaparición de ETA.